Por Ignacio Prieto Henríquez
Por primera vez en nuestra historia, Chile cuenta con la Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería (PNSSM), un hito profundamente relevante para el país y, en especial, para regiones como Tarapacá, donde la minería no solo representa una fuente económica clave, sino también una realidad cotidiana para miles de personas trabajadoras que dan vida a esta industria.
Esta política, aprobada recientemente por el Comité Interministerial de Seguridad y Salud en el Trabajo, surge de un proceso participativo, serio y de largo aliento, liderado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de Minería y Salud, y coordinado por la Subsecretaría de Previsión Social. Más allá de las cifras y los titulares, la PNSSM es un compromiso concreto por proteger la vida, la salud y la dignidad de quienes trabajan en minería, en todos sus niveles y escalas.
Pero, ¿para qué sirve una política como esta?
Las políticas públicas son instrumentos que permiten ordenar, coordinar y dar dirección a las acciones del Estado y de los distintos actores sociales. En este caso, la PNSSM fija objetivos, principios y compromisos concretos para prevenir accidentes, mejorar las condiciones de trabajo, reducir enfermedades laborales y garantizar que las personas que trabajan en minería lo hagan en un entorno más seguro. Sirve, en definitiva, para que todos sepan qué hacer, cómo hacerlo y con qué estándares, colocando a las personas en el centro.
Uno de los aspectos más valiosos de este proceso fue su enfoque descentralizado y tripartito. Durante 2023, se llevaron a cabo talleres tripartitos en siete regiones del país, incluyendo Tarapacá, instancia donde participaron representantes de sindicatos, empresas y organismos públicos. En dichos encuentros no solo se recogieron experiencias y problemáticas locales, sino también propuestas que fueron fundamentales para darle cuerpo y sentido a la política que hoy se presenta.
La PNSSM establece principios claros: respeto a la vida, enfoque de género y diversidad, promoción de la cultura preventiva, entre otros. Pero también fija compromisos concretos para todos los actores: el Estado, los empleadores, las personas trabajadoras y los organismos administradores del seguro de accidentes laborales. Ya no se trata solo de cumplir con la ley, sino de transformar la forma en que entendemos el trabajo, la seguridad y la salud en el sector minero.
Este enfoque preventivo, colaborativo y con mirada de largo plazo posiciona a Chile como referente internacional, pero también nos desafía a implementar con decisión y coherencia esta hoja de ruta. No hay desarrollo sostenible sin trabajo decente, y no hay trabajo decente sin condiciones dignas, seguras y humanas para quienes lo ejercen.
Desde Tarapacá, celebramos esta política como un avance significativo y esperamos que su implementación continúe considerando las realidades y particularidades de nuestras comunidades mineras. Solo así la seguridad y salud en el trabajo dejarán de ser un eslogan, para convertirse en un derecho garantizado en todo el territorio.