Patricia Pérez Zamorano, Seremi de Desarrollo Social y Familia de Tarapacá.
Durante décadas, en el silencio de miles de hogares chilenos, se ha librado una batalla invisible. Mujeres y hombres, han postergado sus proyectos de vida, su salud y su bienestar para cuidar a sus seres queridos que lo necesitan. Hasta hoy, el cuidado era visto como un asunto privado, un «problema de familia» en el que el Estado apenas asomaba. Sin embargo, la reciente aprobación del proyecto de ley sobre Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”, marca un antes y un después: el país finalmente salda una deuda histórica y reconoce que cuidar es un “derecho”.
La relevancia de esta ley no es menor. No estamos ante un simple programa social más, sino ante un cambio estructural. Al integrar los cuidados como el «cuarto pilar» de la protección social —junto a la salud, la educación y las pensiones—, Chile está redefiniendo lo que significa vivir en comunidad. Ya no se trata solo de asistencia, sino de reconocer el derecho en su triple dimensión: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar en condiciones dignas y, fundamentalmente, el derecho al autocuidado.
Este logro pertenece, antes que, a nadie, a las organizaciones de cuidadoras y a todas esas personas, especialmente a las mujeres, que cuidan en soledad. Fueron ellas quienes, que, con perseverancia, transformaron su cansancio, en lucha para ser escuchadas, reconocidas y empujando esta agenda durante todo el debate legislativo. La ley es el eco de años de demandas por visibilizar el valor económico y social de un trabajo que, aunque no remunerado, sostiene parte de nuestra economía.
De la ley a la realidad
La creación de esta nueva institucionalidad permite ordenar una oferta que hasta ahora estaba dispersa y que quedaba a la voluntad del gobierno de turno. Ahora, bajo el mandato del Presidente Gabriel Boric, se logra despachar una política de Estado con planificación de largo plazo. Sin embargo, la aprobación es solo el punto de partida.
El verdadero desafío comienza ahora con la implementación. Una ley en el papel no alivia el agotamiento de una cuidadora si no se traduce en servicios en las comunas, centros de cuidados y redes de apoyo tangibles. El próximo gobierno recibirá una ley histórica y tendrá la responsabilidad ética de no retroceder y haga realidad este derecho, porque las familias que cuidan no pueden seguir esperando. el Congreso cumplió su rol y dejó la tarea hecha.
Chile ha dado un paso decisivo hacia una sociedad más humana. Hemos pasado de la invisibilidad del hogar al reconocimiento en la ley. Ahora, el compromiso debe ser que ninguna persona o familia vuelva a enfrentar la dependencia en soledad. Porque cuidar es un acto de amor, pero garantizar el cuidado es un acto de justicia social.