El noveno y último integrante de una asociación ilícita dedicada al tráfico de vehículos entre Chile y Bolivia fue formalizado por la Fiscalía de Iquique, luego de ser detenido tras permanecer prófugo desde un masivo operativo que permitió la captura de los demás miembros de la organización y la incautación de más de 200 kilos de drogas, numerosas armas de fuego, explosivos y dinero en efectivo.
La abogada asistente María Alejandra Jorquera explicó que esta organización criminal fue identificada tras una investigación conjunta entre la Fiscalía Local de Iquique y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, la que contempló diversas técnicas investigativas, entre ellas vigilancias, interceptaciones telefónicas y análisis de cámaras de seguridad. Gracias a estas diligencias se estableció que, desde el año 2024, la banda operaba con apoyo de brazos operativos en la zona central del país, donde sustraían vehículos que posteriormente eran trasladados hasta la Región de Tarapacá utilizando placas patentes falsas, para luego ser comercializados a ciudadanos bolivianos e internados a Bolivia por pasos no habilitados, previo intercambio ilícito.
El imputado E.I.G.C., de nacionalidad chilena y 33 años, participaba activamente en la red facilitando su domicilio en la comuna de Alto Hospicio como centro de acopio de drogas y armamento pertenecientes a la organización. El sujeto se mantenía prófugo desde el denominado “Operativo Correcaminos”, realizado en octubre de 2025, instancia en la que fueron detenidos ocho integrantes, incluidos los dos líderes de la banda en Chile y el jefe de la organización boliviana encargada de adquirir los vehículos.
Durante el allanamiento efectuado en ese operativo en su domicilio, el imputado no fue encontrado; sin embargo, se incautaron 55 kilos de cannabis sativa, ketamina líquida contenida en 135 frascos, tres armas de fuego y municiones vinculadas a la organización. Desde entonces permanecía inubicable.
Finalmente, el imputado fue detenido este miércoles en Alto Hospicio, en el marco de controles preventivos realizados por Carabineros, debido a una orden de detención vigente en su contra.
La Fiscalía lo formalizó por los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, solicitando la prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal acogió la solicitud y mantuvo el plazo de investigación de 120 días fijado previamente para los demás integrantes de la organización.