Tras dos semanas de presentación de pruebas por parte de la Fiscalía de Iquique, el tribunal oral resolvió condenar al acusado Rubén Güiza Castro, abogado, como autor del delito de cohecho agravado por su participación en los hechos de corrupción ocurridos durante los años 2017 y 2018, en el marco de la licitación por la reposición del alumbrado público de la ciudad.
Con el término de este juicio, son 14 las personas condenadas en esta investigación, incluyendo gerentes de la empresa Itelecom y ELEC, ex concejales de Iquique, así como otros particulares y funcionarios públicos. Además, a un imputado se le suspendió condicionalmente el procedimiento y la funcionaria pública Daniela Vargas Barbaric fue absuelta.
“El día de hoy, el tribunal oral de Iquique dictó veredicto en el denominado Caso Led, absolviendo a una de las acusadas y condenando al otro acusado por el delito de cohecho. El tribunal dio por establecido que el acusado, quien era abogado del departamento de Control de la Municipalidad de Iquique, ejecutó actos que atentaban contra la probidad pública y que decían relación con haber aceptado recibir dinero por realizar actos con infracción a los deberes de su cargo”, detalló el fiscal a cargo del juicio, Pablo Medina.
De acuerdo al veredicto, el tribunal dio por acreditado que en septiembre de 2018, el acusado Rubén Guisa Castro, abogado del Departamento de Control de la Municipalidad de Iquique, unidad encargada de aprobar los procesos relativos a la adjudicación de la licitación de luminarias LED, “actuando de concierto con Gustavo Bernardo Proby Yun Kan, tomó contacto telefónico con Cristian Luis Ureta Bravo, perteneciente a la empresa ITELECOM, y le solicitó el pago de un beneficio económico, aprovechándose de que en su oficina se encontraban los antecedentes del decreto de adjudicación y dándole a entender que la aprobación de la adjudicación dependía de dicho pago”.
Estos hechos fueron demostrados, principalmente, gracias a las conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación y los testimonios de los funcionarios de la Policía de Investigaciones que estuvieron a cargo de las diligencias, y que fueron presentadas como prueba en el juicio.
En el juicio oral también comparecieron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Iquique. La sentencia se conocerá el próximo 15 de octubre.
