Por los delitos de contrabando de maquinaria y daños calificados a infraestructura pública fueron formalizados por la Fiscalía del Tamarugal dos imputados bolivianos detenidos luego que, utilizando una retroexcavadora, rellenaran una zanja en la zona fronteriza entre Chile y Bolivia con el objetivo de habilitar un paso clandestino y trasladar ilegalmente dicha maquinaria hacia territorio boliviano, afectando infraestructura destinada al resguardo territorial y los mecanismos de control del Estado.
En la audiencia de formalización, el fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, informó que el 12 de abril de 2026 los imputados Carlos Armando Lira Colque y Justiniano Canchi Gutierrez trasladaron una retroexcavadora hasta un paso no habilitado en el sector Pampa Toldo, comuna de Colchane, donde intervinieron y modificaron las zanjas construidas en el lugar, habilitando nuevamente el tránsito vehicular ilegal con la finalidad de concretar el traslado clandestino de la maquinaria hacia Bolivia. Los imputados fueron sorprendidos cerca de las 15:30 horas mientras realizaban estas acciones e intentaron huir internándose en la escasa vegetación del sector, siendo finalmente detenidos por personal de Carabineros que efectuaba fiscalizaciones en la zona.
El fiscal Torres expuso las diligencias realizadas por personal del OS9 de Carabineros, incluyendo el análisis de teléfonos celulares incautados, que permitió establecer comunicaciones permanentes con terceros que entregaban instrucciones logísticas, antecedentes sobre presencia policial y apoyo material, evidenciando coordinación previa para concretar el traslado clandestino de la maquinaria.
Asimismo, la Fiscalía presentó antecedentes que establecen que la retroexcavadora tiene un valor aduanero cercano a $14 millones, mientras que los impuestos y gravámenes eludidos ascienden aproximadamente a $4 millones. Además, se acreditó que la construcción de la zanja afectada implicó un despliegue conjunto del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros, con un costo aproximado de $6,7 millones en recursos humanos y logísticos.
Considerando la gravedad de los hechos y los antecedentes penales de ambos imputados, entre ellos una condena previa por contrabando, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, petición que fue acogida por el Tribunal, que estimó acreditada la existencia de los delitos y la participación de los imputados. Se fijó un plazo de investigación de 100 días.