Una fiscalización conjunta lideró este martes la Fiscalía del Tamarugal, junto a la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI, con el apoyo del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, además de la Dirección del Trabajo. Las instituciones se trasladaron hasta una empresa dedicada al mantenimiento industrial minero en Pozo Almonte, para verificar eventuales irregularidades y posibles vinculaciones con el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
La fiscal Karem Gómez, quien participó en terreno en el operativo, explicó que información residual obtenida en investigaciones y denuncias recibidas, ha permitido desarrollar este tipo de fiscalizaciones en empresas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa laboral y detectar eventuales infracciones que incluso podrían constituir el delito de trata de personas. “En ese contexto, se están realizando entrevistas a los trabajadores, además de fiscalizar a los representantes legales y revisar la documentación correspondiente, con el fin de detectar la existencia de eventuales delitos de trata o bien descartar su presencia”, señaló.
«Durante la fiscalización, los detectives entrevistaron a más de 30 trabajadores de los cuales se estableció que 26 de ellos correspondía a ciudadanos extranjeros que no cumplían con los requerimientos para poder ejercer labores remuneradas en el país», informó la subprefecta Eliana Ramos de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Iquique
En tanto, la Dirección del Trabajo inspeccionó los antecedentes laborales y administrativos de la empresa para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones laborales de los trabajadores.