Una investigación liderada por la Fiscalía Local de Iquique, junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI, permitió la detención de una mujer que, haciéndose pasar por presidenta de comités de vivienda, estafó a cerca de 200 personas que esperaban acceder a una vivienda propia, obteniendo de ellas alrededor de 350 millones de pesos.
Tras diversas denuncias recibidas durante el mes de abril, la Fiscalía instruyó diversas diligencias investigativas a la BRIDEC, cuyos funcionarios tomaron declaraciones a múltiples víctimas, realizaron reconocimientos fotográficos y analizaron diversos antecedentes, logrando establecer la identidad de la imputada y determinar que esta, junto a otras mujeres, engañó, desde el año 2023 hasta mayo de 2026, a cerca de 200 personas, ofreciéndoles supuestos cupos para acceder a departamentos sociales vinculados a proyectos habitacionales de Alto Hospicio, cuyas viviendas ya se encontraban asignadas o entregadas.
El fiscal Juan Zepeda, a cargo de la investigación, explicó que “las víctimas correspondían a personas en condición de necesidad habitacional que participaron incluso en reuniones presenciales junto a la imputada y efectuaron pagos que fluctuaban entre $500.000 y $11.000.000, destinados supuestamente a cuotas de incorporación, reserva de cupo, gastos administrativos y trámites, generando una defraudación total de $350.000.000”.
Con los antecedentes recopilados, la Fiscalía gestionó una orden de detención que fue materializada por la PDI en la zona sur del país. Al respecto, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, subprefecto Gustavo Sáez, destacó que “gracias al trabajo colaborativo entre la PDI de nuestra región y la PDI de la Región de Los Lagos se logró ubicar a esta mujer en el sector Ensenada, comuna de Puerto Varas, donde se encontraba arrendando una vivienda junto a su grupo familiar. En ese lugar fue detenida el jueves”.
Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Alonso Velásquez, explicó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no cobra por el acceso a viviendas. “No se paga para conseguir un departamento o una vivienda en ninguna comuna del país. Nosotros trabajamos a través de entidades patrocinantes y constructoras que están inscritas en el Ministerio de Vivienda”, indicó.
La imputada fue formalizada el pasado viernes por los delitos de estafas reiteradas y uso malicioso de instrumento público, instancia en la que el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Se fijó un plazo de investigación de 120 días, periodo durante el cual continuarán las diligencias investigativas respecto de las otras coimputadas ya identificadas.