“El Estado debe recuperar el control frente al crimen organizado y el terrorismo”
La diputada independiente en cupo UDI por la región de Tarapacá, Ximena Naranjo, valoró la presentación de la reforma constitucional de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), asegurando que el país “ya no está enfrentando únicamente delitos comunes, sino estructuras criminales complejas, transnacionales y con capacidad de amenazar la seguridad de las personas y la presencia del Estado en distintos territorios”.
La parlamentaria sostuvo que la iniciativa representa un cambio profundo en la manera en que Chile enfrenta el avance del narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, incorporando a nivel constitucional el principio de que la seguridad pública es un deber esencial del Estado.
“Los habitantes de Tarapacá conocen de cerca los efectos del crimen organizado: tráfico de drogas, ingreso de bandas transnacionales, violencia armada y temor en los barrios. Frente a esa realidad, el Estado no puede seguir reaccionando con herramientas insuficientes. Esta reforma busca darle una respuesta más firme, más moderna y más eficaz a una amenaza que ha crecido de manera preocupante”, señaló Naranjo.
Entre los principales contenidos del proyecto, la diputada destacó la creación de un estado de excepción de seguridad pública acotado en tiempo y territorio, un registro oficial de organizaciones criminales y terroristas, regímenes penitenciarios especiales para los líderes de estas estructuras, la pérdida de beneficios estatales para condenados por dichos delitos y el fortalecimiento de las facultades para incautar y liquidar bienes provenientes del crimen organizado.
A juicio de la legisladora, uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de intervenir sectores específicos donde las bandas criminales han logrado instalar control territorial.
“No podemos normalizar que existan barrios donde los vecinos viven bajo la intimidación del narcotráfico o de grupos violentos. Cuando una organización criminal se apodera de un territorio, el Estado tiene la obligación de actuar y recuperar ese espacio para las familias. Esa es la señal que entrega esta reforma”, afirmó.
Respecto del registro de organizaciones criminales y terroristas, Naranjo subrayó que la medida no implica una condena automática, sino que permite al Estado identificar formalmente estructuras delictuales mediante procedimientos fundados y con control institucional, facilitando una persecución más coordinada y eficiente.
La diputada también puso énfasis en las normas destinadas a impedir que los cabecillas continúen operando desde las cárceles y en la persecución de sus recursos económicos.
“El crimen organizado no solo se sostiene con violencia; se sostiene con dinero, redes y capacidad de comunicación. Si queremos debilitar realmente a estas organizaciones, debemos cortar sus fuentes de financiamiento, aislar a sus líderes y desarticular toda su estructura, no solo detener a algunas personas”,
indicó.
Finalmente, la diputada Naranjo llamó al Congreso a tramitar la reforma con responsabilidad y sentido de urgencia, señalando que la ciudadanía espera decisiones concretas en materia de seguridad.
“Esta discusión debe estar por encima de las diferencias políticas. Los chilenos quieren vivir tranquilos, especialmente en regiones como Tarapacá, donde la seguridad se ha transformado en una prioridad diaria. Estoy disponible para perfeccionar el proyecto y fortalecer todos los resguardos institucionales necesarios, pero no podemos seguir postergando medidas que permitan enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado y al terrorismo”, concluyó.